Atentado contra las minorías

Opinión | 31 de Marzo de 2023 | por: Emmanuel Melchor

Justo en las vísperas de las vacaciones de semana santa y posterior a que el Plan B de la reforma electoral empieza a frenarse y caer en picada, la Cámara de  Diputados en específico en la Comisión de Puntos Constitucionales ha decidido analizar y discutir el próximo diez de abril “otra ruta” para atentar una vez más contra la democracia, como si no existieran temas más relevantes en materia de seguridad, migración, educación o salud.

Este atentado ahora será contra el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al buscar limitarle sus facultades y atribuciones al reformar los artículos

41, 73, 99 y 105 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, dichos artículos mantienen en su origen que el TEPJF tenga la obligación de generar condiciones de acceso a la justicia pero al aprobar dicha iniciativa se coloca en un riesgo la igualdad de oportunidades y pasándolo a que forme parte de un mecanismo discrecional.

Con el paso de los años el Tribunal Electoral ha sido el medio que la sociedad civil hemos tenido para que se le ordene al Instituto Nacional Electoral a establecer medidas afirmativas con el fin de que los partidos políticos garanticen candidaturas y condiciones de igualdad para una participación política efectiva de personas con discapacidad, indígenas, afrodescendientes, migrantes y LGBT y que se cumpla con el principio de paridad, claro ejemplo fue el Acuerdo INE/CG572/2020, que era el referente de una acción a favor de las personas indígenas al obligar que en las diputaciones federales de representación proporcional, en la 1a, 2a y 5a circunscripciones electorales, los partidos políticos deberán registrar por lo menos una fórmula integrada por personas que se auto-adscriban como indígenas.

En la 3a y 4a circunscripciones deberán registrarse paritariamente, como mínimo, 2 y 4 fórmulas, respectivamente. Asimismo, del total de nueve fórmulas, no más de cinco deberán corresponder al mismo género.

Es por ello, la importancia de defender nuestras instituciones democráticas debe de permanecer como tarea diaria por parte de la sociedad civil, las marchas y concentraciones han dado claro ejemplo de la preocupación que existe al buscar desmantelar y debilitar la democracia de nuestro país y en su caso de los grupos

que históricamente somos discriminados, no paremos

¡Hasta que la dignidad se haga costumbre!